Un estímulo fiscal debe ser entendido como un incentivo que otorga el Estado a ciertos sectores o actividades, con el fin de lograr ciertas metas que no necesariamente coinciden con un ánimo recaudador o de contribución al gasto público, sino más bien con un ánimo de subvención del desarrollo de ciertas actividades o de aminorar algún perjuicio que hayan sufrido ciertos sectores por causas del hombre o de la naturaleza.
En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, catorce amparos en revisión, relacionados con la supresión al estímulo fiscal para los contribuyentes que aportaban bienes a una sociedad de inversión inmobiliaria, consistente en el diferimiento del impuesto con motivo de la aportación de un bien inmueble a la citada sociedad.
El planteamiento derivó del artículo 224-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del que se advierte, que las sociedades inmobiliarias de bienes raíces (SIBRAS) que tributaran y cumplieran con los requisitos establecidos en el diverso 223 de la misma ley, estarían en posibilidad de aplicar los beneficios que dicho dispositivo legal establecía, como diferir la ganancia que se generaba con motivo de la aportación del inmueble a esa sociedad.
Sin embargo, el legislador abrogó y restructuró la ley de la materia y el estímulo fiscal a las SIBRAS en el citado artículo noveno transitorio. Al respecto, en la resolución se estableció que esta última disposición no modifica los derechos o supuestos jurídicos ocurridos con anterioridad a su vigencia, pues aun cuando guardan cierta relación con la norma anterior, ello no significa que el beneficio otorgado esté siendo modificado con el nuevo supuesto que regula el estímulo de las SIBRAS, ya que el beneficio fiscal lo obtuvo al diferir el momento en que se acumularía la ganancia de esa aportación, por lo que el supuesto contenido en la norma reclamada no implica la modificación de las consecuencias derivadas de la que estuvo vigente con anterioridad.
Por otra parte, la Primera Sala estimó que los estímulos fiscales nacen de una facultad concedida por la Constitución General, sin que ello signifique que exista un derecho humano a los estímulos fiscales, ya que estos beneficios únicamente son formas que tiene el Estado para fomentar la economía nacional.