En Septiembre 21 del 2017, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión Nacional de Mercado de Valores de los EEUU y otras autoridades judiciales extranjeras llegaron a un acuerdo millonario, en el cual la empresa de Telecomunicaciones Sueca, Telia Company AB se comprometió a pagar multas por USD$956 millones de dólares para resolver un caso de corrupción que se encontraba pendiente por sobornos pagados por Telia a funcionarios públicos en Uzbekistán.
Más allá de las implicaciones asociadas con sobornar funcionarios públicos, lo cual está prohibido en las leyes de Anticorrupción Internacionales, podemos sacar las siguientes conclusiones importantes de este caso:
- La necesidad de establecer Políticas de Ética e Integridad, así como controles adecuados cuando se realicen o se tengan operaciones de negocios en mercados en desarrollo
- La responsabilidad que recae sobre los líderes corporativos de supervisar la conducta de sus empleados
- La continua cooperación que existe entre las autoridades de los EEUU y las autoridades internacionales que tienen el poder de juzgar actos de corrupción
EL CASO TELIA
En el 2007, Telia adquirió la operadora de telecomunicaciones Coscom LLC en Uzbekistán, con el objetivo de entrar al mercado de telecomunicaciones en ese país. De conformidad con la evidencia judicial encontrada, entre el 2007 y el 2010, Telia y Coscom realizaron transacciones a través de una “empresa fantasma”, a través de la cual pagaron USD$331 millones de dólares en sobornos a Gulnara Karimova, la hija del entonces Presidente de Uzbekistán. En esos años, Karimova tenía el control substancial sobre los proyectos de telecomunicaciones en Uzbekistán. Los sobornos representaron una utilidad de de USD$457 millones de dólares.
Telia admitió haber violado el FCPA Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) y sus propios controles internos y aceptó pagar penalidades criminales de aproximadamente USD$ 274 millones de dólares a cada Departamento de Justicia y a la Fiscalía de los Países Bajos. En el Acuerdo al que llegó con la Comisión de Mercado de Valores de los EEUU (SEC), Telia aceptó pagar aproximadamente USD$ 457 millones de dólares por las ganancias o utilidades obtenidas de las transacciones comerciales violatorias a las leyes de anticorrupción y a sus controles internos.
Al final, el total combinado de penalidades que deberá pagar Telia autoridades Suecas, Holandesas y Estadounidenses asciende a la suma de USD$ 965 millones de dólares, convirtiéndose en la penalidad más alta pagada por una empresa por violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Superando los USD$ 800 millones de dólares en penalidades que Siemens AG pagó en el 2008 en un caso similar.
APRENDIZAJES APLICABLES AL CASO TELIA
- Continua Aplicación tanto de leyes locales Anticorrupción, como de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero .- El hecho de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Mercado de Valores (SEC) y autoridades judiciales extranjeras hayan colaborado y perseguido este caso desde el 2014, terminando por imponer las multas civiles y criminales más altas en la historia de casos similares, denota el compromiso de las autoridades de continuar aplicando las leyes de Anticorrupción, así como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
- Cooperación entre Autoridades Internacionales.- La cooperación entre autoridades internacionales es una realidad y facilita el intercambio de información entre ellas y la eficiencia en las investigaciones. En este caso, fueron las autoridades Suecas quienes comenzaron la investigación contra Telia en el 2012, colaborando luego con sus contrapartes en los Estados Unidos, Holanda, y posteriormente extendiendo la investigación en países como Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Irlanda, Latvia, Luxemburgo, Noruega, Suiza, las Islas Man y el Reino Unido, donde Telia también tiene operaciones.
- La Responsabilidad que acarrean actos de corrupción en empleados y representantes legales de empresas.- En el caso Telia, los representantes legales de la empresa tuvieron que colaborar ampliamente con las autoridades e identificar a los individuos (empleados y ex empleados) involucrados en los actos de corrupción para que colaboraran en las deposiciones e investigaciones. La empresa también tuvo que terminar la relación laboral con los empleados involucrados, renovar y modernizar su Programa de Integridad y Estructura de Gobierno Corporativo.
Vale notar que la terminación de los empleados se extendió no sólo a los directamente involucrados en los actos de corrupción, sino también a los supervisores y gerentes de aquellos involucrados directamente con las violaciones.
EL CASO TELIA Y LA CORRUPCION EN MEXICO
Con la publicación de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción en México en el 2016, la misma que entró en vigencia en todo el territorio nacional el 19 de julio de este año, las penas por actos de corrupción ya no sólo abarcan a servidores públicos, sino también a las personas físicas y morales que participen en actos de corrupción en el país. La Ley también prevé sancionar a las empresas cuando uno de sus miembros o representantes cometa conductas ilegales o corruptas con el fin de obtener un beneficio económico para la empresa. De allí la importancia y obligatoriedad de que las empresas desarrollen y se rijan por Políticas de Integridad claras y cuenten con sistemas de control, vigilancia y auditoría efectivos como mecanismos de prevención contra actos de corrupción.
El caso Telia, es un caso claro del desafío que representa hacer negocio en economías emergentes y obliga a las empresas a considerar invertir en procesos de integridad, diligencia y control que abarquen todas sus unidades de negocio de manera Global.