El “concurso mercantil” es la denominación que la ley otorga a un proceso judicial que se le conoce (comúnmente y dependiendo del país ) como quiebra, bancarrota o insolvencia.
Entonces, en el mundo jurídico se conoce como “concurso” al procedimiento donde deben comparecer todos los acreedores (personas a las que les debe el comerciante) a reclamar sus derechos, que serán pagados conforme a una serie de reglas que la propia ley establece; y se le denomina “mercantil” porque sólo es aplicable a los comerciantes, tanto personas físicas como empresas.
A través de este procedimiento, las personas físicas o morales, pueden tratar de sacar a flote su empresa cuando se encuentran en una profunda crisis financiera.
En México, la Ley de Concursos Mercantiles, señala que su principal objetivo es conservar las compañías y evitar que el incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago pongan en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga relación de negocios.
Esto es, que cuando una empresa se ve inmersa en una crisis financiera grave, es del interés de todos, y también lo más conveniente, que salga del problema en forma ordenada, permitiendo que se mantengan, los empleos existentes y la derrama económica que produce para otras empresas.
En el peor de los casos, cuando la recuperación del negocio no es posible, con este procedimiento se pretende auxiliarlo para que cierre sus operaciones de tal forma que ocasione los mínimos daños a terceros, ya sean empleados, proveedores o clientes y se liquide pagando a sus acreedores.
El efecto de una crisis financiera mayor, sin la protección de una Ley de Concursos Mercantiles, es desastroso para la empresa.
La empresa deja de producir o prestar bienes y servicios correctamente, enfrentando problemas para pagar sueldos y adeudos; los empleados reclaman sus derechos iniciando graves conflictos laborales y sindicales; generando además, fuertes problemas jurídicos para la misma.