La Procuraduría Federal del Consumidor es el órgano encargado de proteger los derechos de los consumidores, pudiendo en todo momento determinar multas a las empresas por haber incurrido en alguna falta. Para poder realizar el cobro de esas multas la Procuraduría se veía en la necesidad de acudir ante el Servicio de Administración Tributaria por lo que, en enero de 2018 se modificó la Ley Federal de Protección al Consumidor para otorgarle a la Procuraduría la facultad de hacer efectivo el cobro de esas multas por medio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, otorgándoles el carácter de créditos fiscales.
Dichas modificaciones a la ley entraron en vigor en julio de 2019, ya que el legislador consideró que la Procuraduría no contaba con las condiciones necesarias para poder realizar el Procedimiento de una forma adecuada.
