Como consecuencia de las reformas implantadas por nuestros legisladores federales en el año de 2011, incluidas en la Constitución Política y diversos ordenamientos, se dio un giro a nuestro sistema jurídico, el cual buscó que se estableciera un mayor espectro de protección a los derechos humanos, privilegiando la defensa y protección de las comunidades, entendidas como un ente colectivo y difuso, sobre la individualidad.
En ese entendido, la reforma de la que venimos hablando trajo a la vida e incluyó en el orden jurídico nacional las acciones colectivas.
A diferencia de lo que implicaba una acción legal, de aquellas contempladas con anterioridad a la reforma, en donde se debía tener una legitimación e interés directo en el asunto por verse vulnerado un derecho del que se es titular, una acción colectiva, sucintamente, se define como aquella encaminada a buscar la tutela y protección de los derechos de una colectividad, es decir, un grupo de personas que pueden compartir características como la pertenencia a un grupo étnico o comunidad, que han sufrido un menoscabo en su esfera de derechos, el cual no necesariamente tiene que ser directo, pero que necesariamente tiene que causar una afectación a ese grupo de personas o comunidad.
Por su particularidad y enfoque, esta clase de acciones se enfocan y buscan proteger los derechos de los consumidores de bienes o servicios, públicos o privados, financieros, de seguros, económicos, y medio ambiente.
Para promover ese tipo de acciones, la ley aplicable prevé requisitos que deben ser satisfechos con anterioridad a la presentación de la demanda, por ejemplo, uno de ellos, es que sea promovida por el representante común de por lo menos 30 personas pertenecientes a la comunidad vulnerada en sus derechos o que esa acción sea ejercitada a través de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o la Comisión Federal de Competencia.
Ejemplos del ejercicio de la acción colectiva los podríamos encontrar en el caso de un grupo de condóminos que reclaman del desarrollador anomalías o desperfectos en la obra que les fue entregada; o, la demanda de un grupo de ahorradores contra una institución financiera si aquellos vieron disminuido su patrimonio por acciones u omisiones del prestador del servicio bancario.
Las acciones colectivas son una opción para concentrar procedimientos que podrían llevarse en lo individual por cada afectado, reduciendo costos y tiempos para concluir el juicio, pues, en vez de llevar varios por separado, la comunidad solo tendrá que asumir el costo de un procedimiento y esperar el dictado de una sola determinación que resuelva esa acción colectiva.
