Recientemente el presidente de la República hizo del conocimiento general en su conferencia de prensa matutina, que próximamente serán creados los “Tianguis del Bienestar” en las zonas más pobres del país, para que todos aquellos productos confiscados provenientes de la comisión de delitos, se le entregue a la gente para que lo aproveche.
De primera instancia, la intención “parece buena” ya que, de la puesta a disposición de tales productos como ropa, calzado, electrodomésticos y telas – que fueron los mencionados en la conferencia – se obtendrían recursos mediante su venta y, además, ahorrar los que se destinan a la renta de bodegas donde se almacenan tales productos, las cuales son entre 200 y 300 en todo el país, de acuerdo con lo informado.
Sin embargo, entrecomillamos “parece buena”, ya que existe alto riesgo que entre la mercancía confiscada existan productos piratas, lo cual inclusive, pone en riesgo a la población al adquirirlos al no tener la calidad de los productos originales. Por poner un ejemplo, un juguete pirata podría tener alta concentración de plomo, lo cual invariablemente afectará a la salud de quien lo use.
Además del riesgo en el que se pone a la población, se estaría fomentando el consumo de productos pirata sobre los originales por un costo mucho menor, lo cual también afecta a productores mexicanos pues lamentablemente, existen sectores en el país que dan más valor a productos de marcas reconocidas impresas en productos que no son originales (por ejemplo, los llamados “clones”), que a un producto auténtico y de alta calidad pero que no es tan reconocido.
Además, no debe perderse de vista que cualquier producto para ser comercializado, debe tener el atributo de licitud, por lo cual, se estaría violando este principio fundamental en el comercio, toda vez que al ser productos provenientes de la comisión de delitos y no provenientes de sus productores, distribuidores o licenciatarios, la venta de los mismos sería en perjuicio directo de los titulares de los derechos de propiedad intelectual respecto de sus marcas, patentes y derechos de autor.
Esta propuesta es sumamente delicada, ya que no llevarse a cabo en estricto apego a la ley, no solo afectaría a los consumidores, productores y la cultura del respeto a los derechos de propiedad intelectual que provienen de la creatividad e innovación, tiempo, esfuerzo y recursos de muchas mentes brillantes, sino que tiene un trasfondo superior: es violatoria de las leyes protectoras de los derechos de propiedad industrial, así como de los tratados internacionales de los que México forma parte, lo cual inclusive podría afectar a las relaciones comerciales de México con otros Estados a nivel Internacional, al no cumplir con los compromisos establecidos en los tratados, como el recientemente firmado con nuestros vecinos Estados Unidos y Canadá, el TMEC.
Como se observa, no basta con tener una buena intención y dar a la gente satisfactores a bajo costo, sino que, antes de poner al alcance de los consumidores este tipo de productos, es necesario que se realice una selección minuciosa de los mismos pues, resulta completamente contradictorio que por un lado, se confisquen productos pirata por ser violatorios de derechos y por el otro, que las mismas autoridades, a pesar de conocer la ilicitud de los mismos, los comercialicen para obtener y ahorrar mayores recursos.
