El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, invalidó el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, mediante los cuales se calificaba como “amenazas a la seguridad nacional” a los delitos de “contrabando”, “defraudación fiscal”, sus equiparables, así como los “delitos relacionados con comprobantes fiscales”.
Las Ministras y los Ministros estimaron que el Legislador violó el principio de ultima ratio (expresión latina que se traduce literalmente por “última razón” o “último argumento” lo que se interpreta que solo puede ser utilizado por el Estado como el último recurso para proteger bienes jurídicos, cuando otros órdenes jurídicos han resultado insuficientes, al implicar su uso la razón de la fuerza) al incluir conductas que no corresponden con el régimen constitucional de delincuencia organizada, el cual entraña el extremo más gravoso del derecho penal.
Sin embargo, el verdadero debate era eliminar la prisión preventiva automática, misma que a nivel internacional ha sido criticada al ser calificada como una pena anticipada que transgrede el principio de presunción de inocencia, principio fundamental del derecho penal que se refiere a que toda persona se presume inocente mientras no sea declarado culpable. Cabe destacar que en México el tiempo máximo que se puede estar sin ser sentenciado es de dos años, según lo dicta la Constitución, pero en realidad el tiempo en prisión se alarga durante lustros por la lentitud de los procesos penales.
En conclusión, el 24 de noviembre del año en curso se dictó que la prisión automática prevalecerá en México y con ello, las injusticias y arbitrariedades vivirán en el día a día de nuestro sistema penal, en definitiva, la resolución se queda corta, ya que se esperaba que, en un acto de apego a derechos humanos, la prisión automática fuera declarada inconstitucional.
