El 16 de julio de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia ilícita, ampliando las obligaciones y los riesgos legales para las personas físicas y morales que realicen diversas actividades, incluyendo desarrolladores inmobiliarios, abogados, contadores, notarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, proveedores de servicios con criptoactivos, etcétera.

La reforma contempla lo siguiente:

• Se amplía el concepto de beneficiario controlador, reduciendo el umbral de participación del 50% al 25% y estableciendo su identificación obligatoria como persona física.
• Se incorporan nuevas actividades como el desarrollo inmobiliario y la comercialización de activos virtuales (criptoactivos).
• Se obliga a implementar auditorías internas o externas en caso de alto riesgo, sistemas automatizados de monitoreo, programas de capacitación y mecanismos de evaluación periódica de riesgos.
• Se establece un plazo de 24 horas para reportar operaciones sospechosas, incluso aquellas que no se concreten.
• Se fortalece el régimen de responsabilidad penal reconociendo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en casos de lavado de dinero, entre otras.

En consecuencia, tanto personas físicas como morales al incurrir en la omisión de cualquiera de estas nuevas obligaciones puede dar lugar sanciones administrativas y penales, incluyendo la revocación de permisos, la imposición de multas, y la imputación penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, incluso si no hubo intención deliberada de cometerlos.

Finalmente, para dar cumplimiento a esta, nos ponemos a su disposición para actualizar las políticas internas de su empresa en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, capacitar al personal respecto al tema, prevenir auditorías internas y externas, brindar el seguimiento pertinente ante requerimientos de la UIF, SHCP o Guardia Nacional, o cualquier otra asistencia legal respecto al tema.

Lic. Valeria Carrillo