RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS QUE CONTRATAN CON EL GOBIERNO: LO QUE DEBES SABER

Convertirte en proveedor o contratista del gobierno abre una fuente importante de ingresos, pero también te coloca bajo un régimen de vigilancia distinto al de cualquier otro cliente. La Ley General de Responsabilidades Administrativas no solo sanciona a los servidores públicos; también alcanza a los llamados «particulares vinculados con faltas administrativas graves». Entender la responsabilidad administrativa de empresas que contratan con gobierno es indispensable antes de firmar tu siguiente contrato público.

1: Qué se considera una falta administrativa grave de particulares

La ley identifica conductas específicas que pueden comprometer a tu empresa, entre ellas:

• Sobornar o intentar sobornar a un servidor público para obtener un beneficio indebido.
• Participar en licitaciones o contrataciones utilizando información privilegiada.
• Colusión con otros participantes para manipular precios o condiciones de una licitación.
• Uso indebido de información confidencial obtenida por tu relación con la dependencia.
• Contratar a servidores públicos que hayan intervenido en decisiones relacionadas con tu empresa, dentro de los plazos que marca la ley.

2: A quién alcanza esta responsabilidad

Un punto que muchas empresas subestiman es el alcance subjetivo de la ley:

• Puede sancionarse tanto a la persona moral como a las personas físicas que actuaron en su nombre o representación.
• Los socios, accionistas o directivos que hayan tenido conocimiento o participación pueden ser sancionados de forma individual.
• La responsabilidad puede extenderse a empresas filiales, subsidiarias o controladoras, dependiendo de cómo se estructuró la conducta.

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3: Sanciones que puede enfrentar tu empresa

Las consecuencias de una falta grave no se limitan a una multa:

• Sanciones económicas que pueden alcanzar hasta dos veces los beneficios obtenidos con la conducta irregular.
• Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
• Indemnización por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.
• En los casos más graves, disolución de la sociedad, cuando así lo determine la autoridad jurisdiccional competente.

4: Cómo protege tu empresa

Frente a este panorama, conviene implementar medidas preventivas concretas:

• Contar con políticas internas de integridad y anticorrupción, alineadas a lo que exige la ley para considerarlas como atenuante.
• Capacitar a quienes tengan contacto directo con servidores públicos sobre qué conductas están prohibidas.
• Documentar cada etapa del proceso de contratación pública: propuestas, comunicaciones, entregables y pagos.
• Revisar, antes de firmar, si existe algún conflicto de interés entre tu empresa y los servidores públicos involucrados.

5: Otras cuestiones a considerar

Algunos puntos adicionales relevantes:

• El procedimiento de responsabilidad administrativa contra particulares por faltas graves se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• Contar con una política de integridad implementada de buena fe puede considerarse como atenuante al momento de individualizar la sanción.
• Una inhabilitación te puede impedir contratar no solo con la dependencia involucrada, sino con todo el sector público durante el tiempo que dure la sanción.
• Denunciar internamente y de forma oportuna una irregularidad detectada puede ser más favorable que intentar ocultarla.

Tu apoyo frente a la responsabilidad administrativa en contrataciones públicas

Como vimos, contratar con el gobierno trae consigo un régimen de responsabilidad que va más allá del cumplimiento contractual. Prevenir, documentar y actuar con integridad es la mejor forma de proteger a tu empresa y a quienes la representan.

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Bibliografía

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

https://www.tfja.gob.mx/